Facua acusa a la Dirección General de Tráfico (DGT) de "favorecer un fraude masivo" con las balizas de emergencia V-16.
Denuncia que se venden dispositivos como "homologados" sin informar de que carecen de conectividad, requisito obligatorio desde 2026.
Paralelamente, el Grupo Parlamentario Vox pide en el Congreso suspender la obligatoriedad de estas balizas por falta de justificación técnica.
La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una dura acusación contra la Dirección General de Tráfico (DGT). La organización sostiene que el organismo está favoreciendo un "fraude masivo" en la comercialización de las balizas de emergencia V-16, al permitir la venta de dispositivos que no cumplirán con la normativa futura.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha denunciado la "gravísima pasividad" de la DGT por no actuar contra el uso "ilícito" de su logotipo. Según la denuncia, numerosas empresas están anunciando balizas como "homologadas por la DGT" sin especificar que carecen del sistema de conectividad con los servicios de Tráfico, un requisito que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.
"La DGT ha actuado rematadamente mal al permitir este fraude comercial a gran escala", afirmó Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Facua exige a la DGT la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública" que informe de forma clara e inmediata a todos los conductores sobre la obligación que entrará en vigor el próximo año. La organización argumenta que los consumidores están comprando estos dispositivos inducidos por un "error, manipulación o fraude".
Por ello, Facua insta a los usuarios a reclamar la devolución del importe de todas las balizas compradas durante 2025 si fueron vendidas con el reclamo de "homologada por la DGT" y no se aclaraba de forma visible la falta de conectividad futura. Aunque la venta de estos dispositivos sin conectividad es actualmente lícita, Facua considera que la omisión de esta información crucial constituye un "acto de engaño".
La asociación sostiene que esta práctica vulnera diversas normativas, entre ellas:
- El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
- Los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores (obligación de informar sobre características esenciales).
- El propio Real Decreto que regula las balizas V-16.
Facua anima a los consumidores afectados a presentar una denuncia ante las autoridades de consumo y trasladará los casos detectados al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para solicitar la apertura de expedientes sancionadores.
"Se trata de una imposición del Gobierno, que además únicamente va a afectar a los vehículos matriculados en España", declaró Pepa Millán, portavoz de Vox.
Paralelamente a la denuncia de Facua, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso. Su objetivo es suspender la obligatoriedad de las balizas V-16, alegando que carecen de "justificación técnica" y suponen "un gasto adicional para millones de familias".
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha criticado que se trate de una "imposición" del Gobierno y ha cuestionado la eficacia del dispositivo. Millán afirma que la baliza "presenta limitaciones relevantes" que no han sido suficientemente acreditadas mediante estudios independientes o ensayos en condiciones reales de tráfico.
En su iniciativa, Vox reclama suspender la obligatoriedad "hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes" que acrediten su eficacia. Asimismo, pide que se continúe permitiendo el uso de los triángulos de emergencia tradicionales para señalizar incidencias en la carretera.
Recordemos que, según la normativa actual, las balizas V-16 no conectadas pueden utilizarse como complemento a los triángulos hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que los nuevos dispositivos vendidos incorporen el sistema de geolocalización y conectividad.
